Nadie discute la importancia de la pena de multa desde el punto de vista de la política criminal. La mayoría de las sentencias condenatorias imponen dicha pena. Pero es un secreto a voces que la aplicación que nuestros jueces y tribunales hacen de la regulación de la pena de multa impide que esta despliegue toda su capacidad preventiva y que, en gran parte, ello se debe a que la determinación de su cuantía no se hace atendiendo efectivamente a la capacidad económica del penado, como ha previsto el legislador. Con qué criterios debe valorarse la capacidad económica del reo, al determinar la cuantía de la multa, no es una cuestión pacífica. Y tampoco hay acuerdo sobre cuáles son los criterios que deben servir para decidir qué pena debe imponerse al condenado cuando, como sucede la mayoría de las veces, en relación con el correspondiente delito, el legislador ha previsto la pena de multa con carácter alternativo. Estas y otras muchas cuestiones de enorme relevancia práctica (como la oportunidad de la subsistencia del sistema de multa proporcional, los criterios de determinación de la extensión de la pena de multa, las consecuencias que en este ámbito derivan del principio acusatorio o los aspectos esenciales de la responsabilidad personal subsidiaria) se analizan rigurosamente en esta obra teniendo en cuanta los estudios de la doctrina científica y, sobre todo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.